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20 de Abril del 2017, 06:39 horas

Impartición de justicia

Adán Ríos Parra

El asunto de la seguridad de la población ha pasado de ser un mero pretexto de presupuestos y estrategias a un campo minado para la injusticia.

La ola de impunidad en que se han cometido ya varios asesinatos, perpetrados hacia personas de diversas profesiones y oficios ofrece el horror de que la sociedad ha entrado a una especie de ingobernabilidad.

La estructura del sistema se ha corrompido, las diversas instituciones policiacas ya no gozan del prestigio y la legitimidad social como objetivo de su creación y ha sido el ejército quien ha tenido que salir a patrullar las calles.

Las detenciones de importantes personas dedicados al negocio de la violencia son más utilitaristas y con pretensión sensacionalista que la de aplicar el estado de derecho y pareciera que las reformas en materia de impartición de justicia, para evitar condenar antes de tiempo a los acusados no está funcionando, o al menos no ha dado el resultado esperado.

No se ha debatido con suficiente intención de reformas legislativas el asunto de la producción y comercialización de la mariguana y de la amapola, y sus derivados, independientemente del uso medicinal o recreativo que se le dé, hay la intención al menos de la población de que se deje de penalizar la producción de enervantes, que se deje de atacar a la sociedad, bajo el pretexto de resguardar la seguridad, cuando no se han dado los resultados esperados.

Pareciera que entre más triunfalista es una declaración de los funcionarios de gobierno, la ola de violencia se recrudece, entre más intenciones buenas se tienen por parte de quienes imparten justicia, más detenciones de quienes ostentan el poder aparecen y si no fuera por el caso Iguala, todavía operarían en la impunidad varias personas ligadas a importantes políticos y grupos delictivos.

La idea de policía ciudadana o civil pasó a ser mero referente teórico y de buenas intenciones porque el resultado está a la vista, cayeron en excesos y abusos de poder, por la peleada autonomía en sus decisiones y por el uso nada claro de los cuantiosos recursos que recibían por parte del gobierno.

Y así, de reformas a la ley penal, de creación de nuevas instituciones impartidoras de justicia, de la terna para elegir a las autoridades del poder legislativos, hasta la transparencia de recursos para ese sector que está costando importantes recursos en la confrontación y ataque a los ciudadanos dedicados supuestamente a actividades delictivas, cuando esos recursos económicos bien podrían utilizarse en ayudar a muchas personas a salir de la pobreza extrema en la que se encuentran mediante la generación de empleos. El desorden administrativo, político y de impunidad que trajo consigo la alternancia política en el gobierno y a pesar de que muchos gobernantes provenían del partido otrora hegemónico, causó parte del desorden que ahora se vive.

Dar o delegar el poder no siempre rinde los frutos esperados, así al reformar el artículo que facultaba a los ayuntamientos administrar directamente los recursos, pareciera que se fortaleció el abuso de confianza de los gobernantes hacia los gobernados y eso trajo consigo la complicidad y ola de impunidad que ahora padecemos en todos los niveles de gobierno.

El recuperar las instituciones y centralizar las decisiones por parte de la federación no ha sido posible por los múltiples vicios en que cayeron las instituciones de los diversos órdenes de gobierno en las últimas dos décadas.

Ahora ha sido la federación, mediante el pacto con diversas organizaciones partidistas y sociales que han tenido la intención de recuperar el poder y la toma de decisiones tarea nada fácil en el ambiente enrarecido por la violencia que cada día escala más a dimensiones nunca antes vistas.

Pareciera que tendríamos que acostumbrarnos a vivir continuamente con casos de violencia en las calles, y ahora, en tiempos electorales con escándalos de corrupción y negocios ilícitos por parte de exgobernadores.

Correo: ariosp@unam.mx fin

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