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10 de Agosto del 2017, 06:40 horas

Desaparición forzada en la entidad

Adán Ríos Parra

La desaparición forzada en la entidad y en otras latitudes del país se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más difícil de inhibir por parte de las autoridades policiacas y de las autoridades creadas para tal fin.

La Comisión estatal de Derechos humanos, a través del Comité para la Investigación de Desaparición Involuntaria de Personas, sólo lleva un registro de demandas de particulares contra autoridades policiacas o contra quien resulte responsable, pero la mayoría de los casos no se han resuelto lo que viene a sumarse a la ola de impunidad que se vive por lo menos desde hace una década, con antecedente de la llamada guerra sucia en la entidad en los setentas

La Alerta de género en la entidad se viene a sumar a una serie de acciones junto con fiscalías y organizaciones civiles creadas para tal fin, pero el problema continúa latente. Sobre todo por el descubrimiento de fosas clandestinas.

Para comenzar las policías no están certificadas, no han pasado los exámenes de confianza que para tal fin se han diseñado o simplemente no se han seguido los protocolos de actuación o de contratación como ocurrió en el caso de Ahuacuotzingo, donde lamentablemente perdieron la vida los policías municipales o como en el caso de los policías de Zihuatanejo, que han sido detenidos porque supuestamente no estaba acreditados como tales. Y no se diga del caso Iguala, también policías municipales detenidos por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La desaparición forzada desde el momento que ocurre, los familiares se encuentran en la indefensión, si es fémina, ahora con la creación de la Alerta de género, se supone que la autoridad actuará en forma inmediata, pero las víctimas desde ese momento se someten a una serie de enredijos burocráticos y maltrato por parte de quienes deberían ayudarle con su pena.

La desaparición forzada es parte de toda una estrategia para implementar el miedo en la población. Y está focalizada en ciertos municipios, aunque la presencia de la policía comunitaria en otras no es garantía de nada. 

Ciudadanos armados al igual que los policías son también de dudosa reputación frente a la población, no hay confianza en ellos por eso es que la ciudadanía ya no se siente protegida o segura con algunos grupos que se dicen de autodefensa y que igual han sembrado el terror en donde están operando.

Intimidar a la población es parte de toda una estrategia implementada por quienes se saben impunes, por grupos de poder que operan en el anonimato y se dice, en complacencia con las autoridades como pasó en el caso Iguala.

Hay quienes a poco más de dos décadas, es decir desde que surge la Comisión de Derechos Humanos, mantienen desaparecidos a su familiar. Desde entonces viven el martirio de no saber nada de ellos.

Así tenemos casos como los de Modesto Cruz Cabrera, desaparecido el 11 de noviembre de 1992, Nicolás León Lorenzo y Miguel Luna Romero desaparecidos el 20 de septiembre de 1994, Mario Uribe Casimiro desaparecido el 9 de diciembre de 1994, Benito Juárez Diego el 27 de diciembre de 1994, desaparición de Ramiro Salvador Ortiz y Aristeo Hipólito Pastor ocurrida el 8 de abril de 1996 y así hasta completar los 30 mil casos que se han registrado desde esos años a la fecha y otros que no se han denunciado, como se analizó esta semana en el foro contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza. 

También hay miles de muertos y a diario suman más. Por lo que los centros de Atención a Víctimas resulta cada vez más insuficiente. Urge reformar el marco legal y darle mayor autonomía a la CEDEHUM, y la Comisión de la verdad, a Tlachinollan, quienes también han estado documentando hechos al igual que Amnistía Internacional y otras organizaciones civiles que no se han conformado con las pocas acciones que han realizado por parte de la autoridad.

Es previsible que el martirio de los familiares de las víctimas que reclaman justicia, no va a terminar en un periodo corto de tiempo. Porque al parecer, las cosas seguirán peor y la población será cada vez más vulnerable ante este fenómeno en la entidad que al parecer llegó para quedarse. Correo: ariosp@unam.mxfin

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