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09 de Abril del 2017, 12:33 horas

Balas para la expresión

Juan de Triana

Vivimos en un país de contrastes. No es lo mismo ejercer el periodismo en las grandes ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, que hacerlo en ciudades medias como Córdoba, Ciudad Juárez, Oaxaca; entre más pequeña es la ciudad, menores son los contrapesos de los poderes, institucionales o fácticos, y mayor la impunidad. Por momentos pareciera que la vida de un periodista vale más que la de cualquier otra persona: lamentamos más, hacemos más ruido, por un periodista asesinado que por una mujer, un joven, un niño que cae a manos de las fuerzas armadas o del crimen organizado. Es cierto: la vida de una periodista vale igual, ni más ni menos, que la de cualquier otra persona. Todos los asesinatos, sin excepción, deberían de ser investigados, todos en la medida de lo posible, esclarecidos y todos, sean quien sea el muerto, condenado y reclamado por la sociedad.

Pero eso no es así. No todos los crímenes son investigados, muy pocos son esclarecidos y la mayoría, tristemente, han dejado de dolernos. “Se matan entre ellos”, “son ajustes de cuentas del crimen organizado” suelen repetir los políticos de todos los partidos y colores para sacarle al bulto a la responsabilidad, y lo peor, los ciudadanos hemos aceptado que eso suceda. Pero cuando se trata de un periodista el nivel del reclamo sube, y no porque a la sociedad le interesen más sus periodistas que sus ingenieros, sus campesinos o sus estudiantes, sino porque detrás del asesinato de un periodista lo que hay es el atentado contra un derecho.

No es un asunto menor: van 103 periodistas asesinados en los últimos 16 años; 30 sólo en lo que va de este sexenio; tres en los últimos treinta días. Pero más grave aún es que, a pesar de que existe una Fiscalía Especializada para investigar particularmente las agresiones y los asesinatos contra periodistas, sólo tres han sido cabalmente esclarecidos; esto es, el índice de impunidad de más de 97 por ciento. El resto no han sido investigados o simplemente no han logrado establecer con objetividad y certeza qué pasó. En todos, invariablemente, en algún momento de la investigación, alguien desde el poder criminaliza al periodista: “quién sabe en qué andaba metido”.

El asesinato de un periodista es doblemente grave pues no sólo mata a una persona, sino la libertad de expresión de todos y cada uno de nosotros. Cada periodista asesinado, independientemente de la calidad moral de la persona, la democracia pierde terreno frente al autoritarismo; cada vez que un reportero cae abatido por una bala, avanzan la impunidad y el miedo. Por eso, aunque sea sólo por eso, exijamos el esclarecimiento de los crímenes contra periodistas y garantía a la libertad de expresión, que no es de los medios ni de los periodistas, sino de todos y cada uno de nosotros.fin

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