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Guerrero
20 de Abril del 2017, 07:59 horas

No se permitirá la operación de mineras

Afectados se mostraron preocupados por las carencias de conocimiento de los derechos indígenas por parte de las autoridades

Jorge Balvanera

CHILPANCINGO.- Autoridades de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec advirtieron que no permitirán la entrada en operación de empresas mineras a sus comunidades, a pesar de que ya hay permisos por parte del gobierno federal, por lo que aseguran que se han unido 24 comunidades, mismas que van a defender sus tierras.

Autoridades de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec
Autoridades de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec © Jorge Balvanera

En conferencia de prensa, dichas autoridades comunitarias provenientes de varios pueblos de las regiones de La Montaña, y la Costa Chica, rechazaron la presencia de proyectos mineros en sus territorios, a los que consideran como “sagrados”, y advirtieron que no permitirán la explotación de sus tierras, en donde presuntamente se detectó la presencia de oro, plata y Zinc.

Valerio Mauro Amado, presidente del comisariado de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, aseguró que “la gente se empezó a organizar a partir de que la Secretaría de Economía, desconoce los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.

Por eso hay una preocupación en el sentido de que las autoridades de gobierno “no se han nutrido de la sabiduría de los pueblos indígenas, por eso han recurrido a los tribunales para apelar por sus derechos, y emprender esta batalla”.

Destacó que los representantes de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, en La Montaña de Guerrero, apoyados por representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, demandaron a la Juez Primero de Distrito del vigésimo primer circuito judicial en el estado, Estela Platero Salado “a que resuelva el amparo 429/2016 conforme a los más altos estándares internacionales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

El representante del comisariado de San Miguel del Progreso dio a conocer que el pasado 24 de noviembre de 2015 la Secretaria de Economía “publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015”, por la que se declara la libertad de los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” y “Corazón de Tinieblas” al quedar canceladas después de que las empresas Hochschild y Zalamera propietarias de las concesiones se desistieran simultáneamente de sus títulos”.

Mencionan que esta fue “una clara estrategia para evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN, cuando la primera demanda de amparo interpuesta por Júba Wajiín frente a la amenaza minera estaba próxima a ser analizada ante la Suprema Corte de la Nación”.

Sostuvo que “en dicha declaratoria se estableció que los terrenos quedarían libres a los 30 días naturales; en consecuencia, el territorio indígena de San Miguel del Progreso se ofertaría de nuevo al mejor postor”.

Agregó que “ante la inminente afectación a sus derechos colectivos, el 11 de diciembre de 2015 la Comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso interpuso una segunda demanda de amparo contra la expedición de la Declaratoria por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13,15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.

“La demanda de amparo fue admitida por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, el cual otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano que impide que la Secretaria de Economía otorgue en concesión los lotes que amparaban las concesiones canceladas a empresas que así lo solicitaran a partir de que surtiera efectos la emisión de la Declaratoria, hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio”, precisó.

Por último, dio a conocer que “los peritos señalan que los daños que la liberación de más del 80% del territorio de San Miguel del Progreso para actividad minera significaría cercenar el aprovechamiento integral y diferenciado que hacen de él, poniendo en peligro la continuidad, viabilidad y sustentabilidad de la comunidad sociopolítica me’phaa de San Miguel del Progreso”.fin


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